“La primera víctima de la precarización más profunda en las relaciones laborales es el inmigrante, porque el que no tiene papeles se ve expulsado de su puesto de trabajo y le resulta imposible conseguir la residencia legal por vía del arraigo social”, señala Federico Pacheco, miembro del Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT) de Almería. Al tiempo, aquellos migrantes que han de renovar su residencia requieren trabajar al menos la mitad de los dos períodos consecutivos de dos años exigidos para quedarse de forma permanente en el país, y de no hacerlo volverían a la irregularidad. “El empresario no hace contrato, por lo que se genera una mafia de empresarios, gestorías y políticos locales que venden los contratos a precios altísimos”, concluye Pacheco.

En un clima de represión, y con al menos medio millón de migrantes en la economía informal, el hecho de tener una orden de expulsión hace imposible la legalización por la vía del arraigo, el cauce más habitual utilizado por las personas sin papeles.

F. Javier Aguayo: La vida en negro