El franquismo utilizó de forma masiva y organizada, entre los años 1937 y 1970, a presos políticos como fuerza laboral barata, dócil y segura, recluida en campos de concentración, que empleó en diversas tareas, especialmente de obras públicas, pero que en numerosos casos arrendó a empresas privadas, la mayoría adjudicatarias y concesionarias del Estado. Los presos también fueron utilizados para trabajar en obras suntuarias, como en el Valle de los Caídos o en el pazo de Aday (Lugo), o en obras para la Iglesia.

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