Las primeras medidas drásticas de ajuste macroeconómico se adoptaron en 1977, en los llamados Pactos de la Moncloa. Estas incluían la devaluación de la peseta, acompañada de una política monetaria moderadamente restrictiva, y una política de ingresos junto con un compromiso para iniciar la reforma estructural. Todo esto se acordó con el consenso de las principales fuerzas políticas. Sin embargo, la industria española no pudo adaptarse a los nuevos parámetros de precios y demanda y el problema persistió incluso después de la crisis de 1979. Entonces, se produjo un nuevo incremento de los desequilibrios inflacionistas y del desempleo, acompañados del deterioro en las cuentas del Estado y en la balanza de pagos, generándose una situación de incertidumbre económica que no fomentó la inversión y perpetuó el estancamiento. En pocas palabras, se incrementaron los desequilibrios y no se alcanzó ningún consenso para corregirlos. En el período de 1975 a 1982, el Producto Interior Bruto (PIB) creció a una media anual del 1,5% en términos reales y la formación de capital neto disminuyó a una media de 2,5% en términos reales.

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